Este jueves 19 de junio, a las 12:30, el tribunal encargado del juicio por la causa conocida como “D4” dará a conocer su veredicto. En el banquillo están los exjefes de la Policía de Santa Fe, Rafael Grau y Omar Odriozola, acusados de encabezar una red de corrupción interna que operaba dentro del sistema de reparaciones de vehículos policiales.
El caso tuvo su origen en 2016, cuando el entonces ministro de Seguridad y actual gobernador, Maximiliano Pullaro, recibió de forma anónima un sobre con información que revelaba supuestas maniobras irregulares en el Departamento de Logística (D4) de la fuerza. Esa denuncia marcó el inicio de una investigación judicial que, con el tiempo, derivó en la condena de nueve personas, incluidos cinco funcionarios policiales, cuatro de los cuales ya cumplen penas de prisión efectiva.
Hasta nueve años de cárcel
Durante el juicio, los fiscales Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, solicitaron penas de hasta nueve años de prisión efectiva para Grau y Odriozola. Según la acusación, ambos habrían liderado una asociación ilícita dedicada a emitir facturas por arreglos que nunca se realizaban y cobrar por repuestos que jamás se entregaban, provocando un grave perjuicio económico para el Estado.
El proceso oral comenzó a fines de mayo y contó con la declaración de más de 80 testigos, entre ellos peritos, técnicos, exfuncionarios y el propio Pullaro, quien fue uno de los primeros denunciantes del caso y aportó elementos clave para la investigación.
Un fallo con impacto político
La sentencia que se dará a conocer este jueves podría tener un alto impacto político, tanto por el rango jerárquico de los acusados —ex máximas autoridades de la Policía provincial— como por el lugar central que ocupó el actual gobernador en el inicio de la causa.
De confirmarse las penas solicitadas por la Fiscalía, el fallo se convertirá en un antecedente judicial relevante en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y un mensaje institucional fuerte sobre la responsabilidad de los altos mandos policiales en el manejo de fondos públicos.
La expectativa es alta y las repercusiones del fallo podrían extenderse más allá del ámbito judicial, en un contexto político donde la transparencia en las fuerzas de seguridad continúa siendo una demanda central de la ciudadanía.
