El destino del nuevo edificio de tribunales, una imponente obra próxima a finalizarse detrás del histórico palacio judicial, se convirtió en el eje de un conflicto institucional entre distintos actores del Estado provincial.
Según trascendió, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tendría la intención de destinar el inmueble exclusivamente al Poder Judicial, dejando afuera a fiscales y defensores del sistema penal. Esta postura difiere de la idea original con la que fue concebido el proyecto, que apuntaba a centralizar en ese espacio gran parte de las dependencias del nuevo sistema procesal penal.
En este contexto, el diputado Rubén Galassi presentó una iniciativa en la Legislatura para que se revise la decisión y se promueva un uso más amplio del edificio. “Se trata de un recurso público y debe encontrarse una solución racional que permita que funcionen allí todas las dependencias que lo necesiten”, sostuvo.
Galassi recordó que el proyecto fue licitado en 2015, durante la gestión del entonces gobernador Antonio Bonfatti, y que desde su origen fue diseñado para acompañar la implementación del nuevo sistema penal, vigente desde 2014. En ese sentido, detalló que el edificio contempla espacios para fiscalías, defensorías y salas de juicios orales.
“La prioridad debe ser garantizar un servicio de justicia eficiente para los ciudadanos, evitando gastos innecesarios como alquileres y aprovechando una infraestructura moderna y de gran escala”, afirmó.
El debate no solo expone diferencias sobre la administración de un edificio clave, sino que también refleja tensiones más amplias entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la organización del sistema de justicia. Con la obra próxima a inaugurarse —se estima que estará finalizada en los próximos meses—, crece la presión para definir su uso y evitar que el conflicto retrase su puesta en funcionamiento.
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