Un comunicado reciente evalúa la movilización del 9 de julio último en San Nicolás y pide a los tres poderes del Estado su compromiso inmediato con el cumplimiento de lo demandado. Advierten los autoconvocados que si no se producen acciones concretas, endurecerán sus reclamos.

“Balance del encuentro de San Nicolás” se titula el documento emitido este domingo por el movimiento de Productores Autoconvocados promotor del #9J, llevado a cabo en la ciudad de San Nicolás el 9 de julio último.

Comienza aseverando el comunicado que “la movilización del pasado 9 de julio fue un éxito”, tanto en el resultado de la convocatoria como en el desarrollo del evento y que “las opiniones recopiladas, en el lugar y a través de las redes sociales, hablan de una valoración positiva, no sólo por parte de los asistentes sino de gran cantidad de argentinos comprometidos con las mismas causas”.

Hace referencia el documento divulgado a “65.000 personas que se congregaron en San Nicolás para expresar su descontento; 65.000 personas que protestaron en paz y con respeto, sin afectar los derechos de los demás ciudadanos; 65.000 personas que, al finalizar el encuentro, dejaron el predio en condiciones impecables, tal como lo habían encontrado”.

Reclamo multisectorial

Mencionan los Productores Autoconvocados el aporte económico de casi 400 personas para cubrir los gastos del evento, desde el alquiler y preparación del predio hasta el traslado de los Gauchos de Güemes, “estrellas de la jornada” y destaca la presencia de “14 oradores, en representación de distintos sectores, que abordaron los problemas que los aquejan: educadores, estudiantes, comerciantes, productores de alimentos, jubilados”.

“Cada uno de ellos con su reclamo al Gobierno”, señala. “Problemas diversos pero con una raíz común, que es un modelo político, económico y social que desprecia el mérito, el esfuerzo y la libertad individual, y pone los privilegios de la clase política por encima de los derechos de los ciudadanos”.

Tras hacer mención a la proclama leída en el acto del 9 de julio, el comunicado expresa: “Quienes nos convocamos en San Nicolás exigimos a los tres poderes del Estado, en los niveles Nacional, Provincial y Municipal, y en todas las jurisdicciones de la República Argentina, su compromiso inmediato con el cumplimiento de lo demandado en dicha proclama. De no evidenciarse acciones concretas en esa dirección, no habrá más alternativa que continuar y endurecer nuestro reclamo”.

Proclama de San Nicolás

Se recuerda la mencionada Proclama surgida del acto de San Nicolás que declaraba:

1. Que el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más prudente que nunca. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso deben sancionar leyes ni tomar medidas cuya constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible.
2. Que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva. Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas actividades puede desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales.
3. Que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto. Nadie que ocupe un cargo público debe hacer declaraciones que relativicen o pongan en duda este derecho, pues al hacerlo no hablan en su propio nombre, sino en el del Estado, y el Estado no puede sostener opiniones contrarias a la Constitución.
4. Que es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad (como prestadores turísticos, gastronómicos, organizadores de eventos, entre otros). Todos los rubros afectados de manera directa por las restricciones sanitarias deben quedar exentos de cualquier tasa o impuesto nacional, provincial y municipal, y esta exención debe prolongarse el tiempo suficiente para que puedan recuperarse, ya que es el propio Estado el que les impide trabajar en nombre del bien común; y las limitaciones a su actividad no deben prolongarse ni un minuto más de lo estrictamente necesario.
5. Que la educación es un derecho inalienable, y sólo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país. Las escuelas deben ser lo último en cerrarse, lo primero en abrirse, y la suspensión de clases presenciales debe ser por poco tiempo y sólo en los distritos en que resulte realmente indispensable.
6. Que el personal de salud es el principal afectado por la pandemia, y debe ser reconocido no sólo en forma simbólica sino también económica. Ningún bono, aumento o beneficio otorgado por el Estado debe superar, en monto o porcentaje, a aquel que se otorgue a médicos, enfermeros y demás trabajadores del sistema de salud.
7. Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación, y cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda. El gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible.
8. Que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general, y del gasto político en particular. La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis.

“Exigimos a los tres poderes del Estado, en los niveles Nacional, Provincial y Municipal, y en todas las jurisdicciones de la República Argentina, su compromiso inmediato con el cumplimiento de lo demandado en esta proclama”, finalizaba diciendo el documento en cuestión.

Fuente: El ABC Rural