El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, con el respaldo de algunas bancadas opositoras, logró este miércoles dictamen de mayoría para el proyecto de reforma de las jubilaciones de privilegio de la justicia y del servicio exterior, que buscará aprobar en una sesión especial prevista para este jueves al mediodía.
La decisión fue adoptada al término de un plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto, en cuyo transcurso expusieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, y representantes de las asociaciones de magistrados y de los trabajadores.
El Frente de Todos impuso su dictamen con las firmas propias, la del peronista cordobés Pablo Cassinerio, del interbloque Federal, y la del representante del oficialismo misionero, Diego Sartori, que lo hizo en disidencia.
Juntos por el Cambio, la izquierda y el mendocino José Ramón firmaron tres dictámenes en minoría.
Con la concurrencia de la mayoría de los integrantes del interbloque Federal, de parte de Unidad para el Desarrollo, del MPN (Movimiento Popular Neuquino) y de la izquierda, el oficialismo tiene asegurado el quórum para iniciar la sesión.
Con esas firmas en el dictamen, el Frente de Todos terminó de sumar elementos para rechazar el pedido que realizaba Juntos por el Cambio para dar quórum: la inclusión de una cláusula transitoria para mantener por un determinado plazo el actual régimen a los magistrados que están en condiciones de acceder a la jubilación, con el objetivo de evitar una masiva renuncia de jueces.
Poco antes de las 20, el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, le dio la respuesta negativa a su par de Juntos por el Cambio, Mario Negri, por lo que desde la principal bancada opositora analizaban esta noche que estrategia llevar a la sesión de este jueves.
En el plenario de comisiones de este miércoles, el ministro Moroni aseguró que desde el gobierno no se está planteando «eliminar los sistemas de protección de los jueces» sino establecer un nuevo régimen jubilatorio.
El funcionario destacó que «se pagan 15 mil pesos a los haberes mínimos, de esos mismos recursos tenemos que estar detrayendo 10 mil millones de pesos para solventar las jubilaciones de los jueces».
Por su parte, Vanoli, director de la Administración Nacional de Seguridad Social, consideró que el proyecto es «un modesto avance» para disminuir las asimetrías dentro del sistema jubilatorio y aseguró que tanto el régimen de la justicia como el del servicio exterior resultan «deficitarios».
«En la ley de emergencia se tomaron decisiones que tuvieron impacto en el sistema general de jubilaciones, con lo cual se generaban asimetrías, dejando afuera a los regímenes de privilegio que debíamos superar con una nueva ley», remarcó.
Más tarde, jueces, fiscales y representantes de la Magistratura coincidieron en cuestionar el proyecto: El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Marcelo Gallo Tagle, expresó que no trataban de «obstaculizar el proyecto» sino que, en cambio, piden que «se avance con parámetros de razonabilidad».
Por su parte, el fiscal Raúl Pleé advirtió que «están dejando un Poder Judicial prácticamente devastado».
«No hemos tenido un privilegio, hemos tenido un aporte diferenciado. Este tema merece algo más que una discusión de 24 horas», apuntó el funcionario judicial.
En el marco de los consensos logrados para avanzar con el proyecto, el Frente de Todos propuso que no se modifique la edad de las mujeres, como establece la iniciativa del gobierno nacional, con lo cual solo se subirá gradualmente la edad de los hombres de 60 a 65 años.
La decisión fue anunciada por Moroni al exponer en el plenario: «A pedido de las mujeres del Frente de Todos, se decidió modificar este artículo para mantener la edad de las mujeres en 60 años», como lo establece actualmente el régimen general de jubilaciones.
Además de esa reforma se aceptó incluir otra modificación sobre los años de aportes que necesita un magistrado para acceder a este sistema jubilatorio especial para los jueces, fijándolos en 10 continuos o 15 discontinuos, en lugar de los 20 que establecía el proyecto original.
