El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación Argentina un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal.
La iniciativa ingresó este sábado al Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
En el texto oficial, el Gobierno argumentó que la aplicación de la ley actual evidenció “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total.
Qué cambiaría si se aprueba el proyecto
La propuesta oficial plantea la derogación completa de la norma, lo que implicaría la eliminación de los octógonos negros de advertencia en los envases de alimentos y bebidas.
También quedarían sin efecto las restricciones vinculadas a publicidad dirigida a niños, el uso de personajes infantiles en productos y las regulaciones sobre comercialización en entornos escolares.
Desde la Casa Rosada sostuvieron que el sistema vigente aplica criterios “binarios” que no distinguen adecuadamente entre distintos tipos de alimentos ni contemplan las porciones reales de consumo o la densidad nutricional.
Según el Ejecutivo, esto provoca que productos considerados tradicionales o saludables reciban advertencias similares a las de alimentos ultraprocesados, generando “confusión” e interpretaciones poco precisas entre los consumidores.
Críticas al impacto económico y al Mercosur
Otro de los puntos centrales del proyecto apunta al impacto económico de la normativa sobre la industria alimenticia, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
El Gobierno afirmó que el sistema actual no incentiva mejoras graduales en la composición nutricional de los productos, ya que la advertencia funciona bajo un esquema de “tiene o no tiene sello”.
Además, cuestionó la falta de armonización regional dentro del Mercosur, situación que —según el mensaje oficial— obliga a muchas empresas a producir envases diferenciados para distintos mercados, incrementando costos operativos.
El texto advierte que esta situación afecta particularmente a las PyMEs, que enfrentan mayores dificultades para afrontar gastos de adecuación y cumplimiento normativo.
La información nutricional seguirá vigente
Pese a la intención de eliminar la ley actual, el Ejecutivo aclaró que continuarán vigentes las obligaciones de informar el contenido nutricional de los alimentos envasados.
La declaración de calorías, azúcares, grasas y sodio seguirá siendo obligatoria bajo las disposiciones del Código Alimentario Argentino y las normativas armonizadas del Mercosur, además de las leyes de defensa del consumidor y lealtad comercial.
Con el envío del proyecto, el Gobierno pidió al Congreso un “pronto tratamiento y sanción” para avanzar hacia un sistema que considera “más uniforme, adaptable y técnicamente consistente”.
