Italia oficializó un giro histórico en su política de ciudadanía: ya no se podrá acceder a la nacionalidad italiana por línea de bisabuelos. El Parlamento convalidó este martes, con 137 votos a favor, la ley impulsada por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, que restringe el derecho de ciudadanía por descendencia (iure sanguinis) a solo dos generaciones: padres o abuelos nacidos en Italia.
La norma, que había sido decretada en marzo, fue ratificada por ambas cámaras legislativas y ya está en vigencia. El objetivo, según el gobierno, es poner fin a lo que considera un “uso abusivo” del pasaporte italiano, especialmente en Sudamérica, donde millones de descendientes argentinos, brasileños y venezolanos lo reclamaban para vivir o trabajar en la Unión Europea.
“El sistema anterior permitió que millones de personas sin vínculo efectivo con Italia obtuvieran ciudadanía, lo que saturó consulados y tribunales”, argumentó el canciller Antonio Tajani, quien también denunció la proliferación de trámites fraudulentos y comercialización del proceso.
En diálogo con EME, el abogado italiano Emiliano Rosalía, especialista en ciudadanía, fue categórico: “Es una ley mal hecha, que viola principios constitucionales como la no retroactividad. Quita un derecho vigente desde hace 150 años. Ya iniciamos acciones ante la Corte Constitucional italiana”.
La medida afectará a miles de argentinos que habían iniciado trámites o planeaban hacerlo. Solo quienes tengan un padre o abuelo italiano podrán obtener la ciudadanía automáticamente. En tanto, los bisnietos y tataranietos quedarán excluidos, salvo que hayan presentado la documentación completa antes del 27 de marzo de 2025 o tengan un turno consular asignado antes de esa fecha, aunque la cita sea posterior.
Otro cambio importante es que el trámite ya no se hará en los consulados sino en una nueva oficina central dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que comenzará a funcionar tras un período de transición de un año.
Para los nacidos y residentes en el exterior, la nueva ley también exige haber ejercido derechos ciudadanos italianos al menos una vez cada 25 años para no perder la nacionalidad.
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En Sudamérica, el impacto será masivo. Según cifras oficiales, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podrían reclamar ciudadanía italiana por ascendencia, la mayoría con vínculos que superan las dos generaciones. En Argentina, donde casi la mitad de la población tiene raíces italianas, la medida frustra las expectativas de miles de solicitantes.
Desde el oficialismo italiano insisten en que la ciudadanía “no debe ser una herramienta para conseguir trabajo o beneficios sociales”. La oposición, en cambio, calificó la ley como “una amputación de la italianidad” y recordó que la identidad italiana también se preserva en las tradiciones de comunidades emigrantes.
Mientras tanto, el portal de turnos “Prenotami” fue suspendido desde el 28 de marzo, y las oficinas consulares ya no tomarán nuevas solicitudes. Miles de trámites en curso, ya abonados, podrían quedar en el limbo. La incertidumbre crece.
