La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela denegó este martes el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vicentin SAIC. La empresa buscaba impugnar la resolución dictada por esa misma instancia el pasado 13 de mayo, que rechazó su propuesta de pago en el marco del concurso preventivo.
El fallo fue firmado por los jueces Duilio Hail, María José Álvarez Tremea y Pablo Lorenzetti, quienes además resolvieron cargar las costas del proceso a la cerealera. La firma deberá abonar el 25 % de los honorarios que se regulen en primera instancia.
La decisión fue tomada luego de dar intervención a las partes involucradas —Commodities S.A., la Fiscalía de Cámaras y la Sindicatura concursal— que respondieron entre el 5 y el 10 de junio. El recurso de Vicentin había sido formalizado el 28 de mayo, luego de que la Cámara de Rafaela rechazara su propuesta concursal y la posibilidad de evitar la quiebra.
La compañía alegaba una serie de agravios constitucionales que, según su criterio, invalidaban el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe, que había anulado una sentencia favorable de la Cámara de Apelaciones de Reconquista. Vicentin consideró que el máximo tribunal provincial se extralimitó al intervenir en decisiones propias de los tribunales ordinarios, afectando los principios del juez natural, el debido proceso y la igualdad ante la ley.
Entre otros argumentos, la firma también denunció “arbitrariedad” en el fallo de Rafaela por considerar que no contaba con fundamentos suficientes y que se había basado en aspectos formales, sin valorar adecuadamente las pruebas y alegatos presentados.
Además, advirtió sobre el impacto económico y social de la medida. Señaló que el rechazo a su propuesta de pago pone en riesgo la continuidad de una empresa con más de 90 años de historia y miles de empleos, y remarcó que su oferta era “más beneficiosa que una eventual quiebra”.
Vicentin también habló de “gravedad institucional”, asegurando que la intervención judicial compromete la seguridad jurídica, la economía procesal y el orden jerárquico del Poder Judicial, con efectos negativos no solo para la empresa sino también para la comunidad. Pese a estos planteos, la Cámara desestimó el recurso, dando un nuevo revés judicial a la concursada.
