La base de la presentación a la justicia realizada por el Ministro de Seguridad de la provincia, sería la sustracción de una suma millonaria de dinero y la adulteración de la escena del crímen.
El Ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, presentó una denuncia ante la Justicia Federal para que se investiguen posibles maniobras de lavado de activos por parte de la empresa de Hugo Oldani, el operador turístico asesinado en febrero pasado en un asalto a su local de la ciudad de Santa Fe. La presentación se basa en una secuencia de situaciones detectadas luego del homicidio que comienzan con el levantamiento indebido de la custodia policial de la escena del crimen y culminan con la sustracción de una cifra millonaria de dinero que, para el ministro, podrían tener una procedencia ilícita.
Esos bienes registrados en una primera inspección de la escena del crimen —en su momento se habló de cinco millones de dólares— abrieron la sospecha de que en el comercio asaltado “podría haber funcionado una de las denominadas cuevas financieras”, sostiene la denuncia, habida cuenta de que el monto hallado —y luego sustraído— “no se condice con las cifras que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial”.
En ese sentido, más allá de los delitos relativos a la falta de preservación de la escena del crimen y la sustracción de pruebas que investiga la Justicia provincial, la denuncia propone investigar otros probables ilícitos de competencia federal como el lavado de activos, intermediación financiera no autorizada e infracciones a la ley penal cambiaria y a la ley penal tributaria.
Posteriores
Hugo Oldani fue asesinado la tarde del pasado 11 de febrero en su local de la galería Rivadavia, en el microcentro santafesino. Por el hecho, que causó enorme conmoción en la sociedad capitalina por haberse tratado de un asalto en plena luz del día y en una zona comercial, hay tres hombres detenidos e imputados mientras que una mujer permanecía prófuga al cierre de esta edición (ver aparte).
Pero la denuncia presentada por Saín se desprende de situaciones detectadas con posterioridad en el marco de la investigación a cargo de la fiscal de Homicidios Cristina Ferraro.
Tal como informara este diario el pasado 13 de marzo, al menos tres policías habían quedado bajo la lupa por el levantamiento de la custodia del local de Oldani y la posterior desaparición de una cuantiosa cifra de dinero que estaban en una caja fuerte y en un sector escondido del local.
Secuencia
La denuncia de Saín reconstruye una secuencia de hechos iniciada horas después del asesinato cuando una hija de Oldani se negó a que se inspeccionara la escena del crimen con dos testigos que no tuvieran relación con la familia de la víctima. Finalmente, la fiscal admitió a que el registro se hiciera ante la presencia de la hija del empresario y su esposo.
Así, sobre las 22.30 la hija de Oldani abrió el local para que ingresaran los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para inspeccionarlo. El operativo fue filmado con el celular de un subcomisario y quedó registrado en un video de 54 minutos.
En ese marco los pesquisas detectaron que uno de los locales tenía una puerta que conectaba con un espacio secreto y con cavidades donde, apilados sobre estanterías, había muchos fajos de pesos y dólares. También se halló una caja fuerte que no se abrió por pedido de la hija de Oldani.
Eso se plasmó en un acta del procedimiento que culminó con la colocación de una faja de clausura y una orden de la fiscal para que la policía custodiara los locales y evitara el ingreso de personas ajenas a la investigación.
Sin embargo, remarca la denuncia de Saín, esa custodia fue levantada al día siguiente por orden del comisario supervisor José Julián Nizzo, Jefe de la Zona de Inspección Nº 1 de Santa Fe. Según quedó asentado en el libro de guardia de la comisaría 1ª el local quedó sin custodia el 12 de febrero a las 20.26.
La anomalía, que abrió una investigación de la Agencia de Control Policial, fue detectada días más tarde y para cuando se restituyó la custodia, ya era tarde. El lunes 17 de febrero los peritos regresaron al local de Oldani para terminar con la inspección que había quedado trunca. La hija de Oldani les abrió la agencia pero esta vez la requisa no encontró elementos de valor, ni fajos de pesos o dólares que habían sido filmados y fotografiados en la requisa del 11 de febrero. Incluso cuando abrieron la caja fuerte no se encontró ningún objeto de valor.
Presunciones
Para el ministro de Seguridad esa secuencia de hechos amerita una investigación sobre el origen de ese dinero cuyo monto no especifica ya que, en rigor, los billetes hallados, filmados y fotografiados desaparecieron antes de poder ser contabilizados. “En el lugar donde fue el homicidio —señala el texto— funcionaba Oldani Turismo SRL, cuyo objeto social es del de servicios minoristas de agencia de viajes, de modo que el hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma de dinero en moneda extranjera y nacional en principio no justifica ni condice con los montos que habitualmente maneja una operador turístico local en su giro comercial”.
“Por ello —continúa— existen elementos serios y verosímiles para inferir que en el lugar del suceso bien podría haber funcionado una de las denominadas cuevas financieras sin autorización de los organismos estatales (Banco Central, Afip) para realizar operaciones de cambio o préstamo de dinero”.
En ese marco, el ministro sostiene en su denuncia que “tales circunstancias ameritan que se lleve a cabo una profunda y exhaustiva investigación de la naturaleza patrimonial a través de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en relación a las personas humanas o jurídicas involucradas a fin de despejar la probable infracción a la ley penal cambiaria o a la ley penal tributaria, así como a la comisión de alguna de las modalidades delictuales del lavado de activos o intermediación financiera no autorizada”.
