En Chaco se reunieron los gobernadores de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco con el fin de promover la ejecución de un Plan Director Hídrico.

Por decreto del gobernador Omar Perotti, el ministro de Seguridad supervisará los fondos necesarios para el normal funcionamiento de las reparticiones policiales. Se establece un tope para los gastos reservados de la fuerza. Los legisladores están de acuerdo pero preferían que salga por ley.

La llamada “caja de los comisarios” quedó a cargo de la administración del ministro de Seguridad Marcelo Sain. Ahora el funcionario provincial tendrá bajo su administración y control los fondos necesarios para el normal funcionamiento de las reparticiones policiales.

Si bien la decisión del decreto que lleva la firma del gobernador Omar Perotti y del titular de dicha cartera no fue publicada todavía en la página web del Boletín Oficial, quienes accedan a la versión papel podrán analizar los alcances de la medida.

Según el decreto, a partir de ahora los denominados “fondos especiales” se autoriza a otra cartera del Poder Ejecutivo, más específicamente al Ministerio de Gobierno, a disponerlos.

El gobierno provincial dispuso también un tope mensual a los jefes policiales para disponer de los gastos reservados para la Policía, más conocidos como gastos de funcionamientos. En este caso, se trata de una concentración de esos recursos en el Ministerio de Seguridad por sobre la Dirección de Administración de esa fuerza.

Enterados de la nueva disposición del gobierno de Omar Perotti, fechada el pasado 24 de enero, distintos legisladores comenzaron a evaluar las diferencias entre los nuevos ítems que contiene el decreto en relación a la ley orgánica de la Policía, que estaba vigente desde 1975.

Los legisladores no objetaron la decisión política del gobernador de englobar las facultades económicas en el Ministerio de Seguridad respecto de los gastos de la Policía. Sin embargo, para ellos las modificaciones tendrían que haber pasado por la Legislatura mediante la aprobación de las leyes que correspondan.

El primer artículo del decreto establece que cambia la administración y manejo de ciertos fondos especiales a cargo del ministro Sain.

Con respecto a la nueva asignación de recursos para la jerarquía policial se establece que los gastos reservados de la fuerza serán establecidos por el Ministerio de Seguridad, que podrá autorizar hasta un tope máximo de 120.000 pesos mensuales para cada jefe de las reparticiones policiales destinadas a gastos de funcionamiento y racionamiento.

Además se establece en 50.000 pesos las demás erogaciones por funcionamiento mediante el comprobante correspondiente, los que podrán ser hasta un 50% más, en todos los casos debidamente justificados.

La investigación involucra a dos ex funcionarios, dos dirigentes sindicales y una escribana, quienes están acusando de cometer distintas maniobras que hicieron que un codiciado predio de la capital destinado para sede gremial terminara canjeado por dos departamentos.

El titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Santa Fe, Jorge Gustavo Onel, pidió la elevación a juicio oral y público de dos dirigentes gremiales, dos ex funcionarios públicos de Vialidad Nacional y una escribana  por los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública, falsificación de documentos públicos y falsedad ideológica de instrumento público, cometidos durante los años 2012 y 2013.

Quienes irán al banquillo cuando se habilite el trámite son el secretario General del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del Séptimo Distrito, Marcelo José Bertolotti; el secretario Adjunto, Miguel Ángel Vázquez; el entonces subgerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional en Santa Fe, Francisco Keumurdji, el administrador general de la DNV entre diciembre de 2003 y diciembre de 2015,  Nelson Guillermo Periotti, y la escribana pública Claudia María del Huerto Dechanzi.

Según detalló la acusación, Vázquez y Bertolotti instrumentaron maniobras para lograr la transferencia en donación en favor del sindicato de dos fracciones de un terreno de propiedad de la DNV en avenida Alem entre Sarmiento y Necochea, en Santa Fe. Luego, Keumurdji y Periotti dictaminaron “favorablemente y sin objeciones a las donaciones requeridas”, suscribiendo el convenio de trasferencia en noviembre de 2012, en el que se establecía –según el mecanismo conocido como donación con cargo– que el sindicato iba a utilizar la propiedad  “para construir en las tierras transferidas la sede sindical y alojamientos para los trabajadores viales del interior”.

“Dicho acto jurídico, significó, en rigor de verdad y tal como se desarrollará, un tramo fundamental de la ilegal disposición por parte de ambos ex funcionarios de un bien perteneciente al Estado nacional, y de dominio público, el cual,  conforme la normativa administrativa y civil aplicable, ostentaba el carácter de «inenajenable»”, marca el auto de elevación a juicio. Es decir, los funcionarios no deberían haber cedido el bien bajo su tutela, ya que no podían, marca el razonamiento judicial.

Pero el tema continúa: la Fiscalía señaló que Bertolotti y Vásquez, con la participaron de Keumurdji,  falsificaron el documento del convenio de transferencia insertando una cláusula que establecía la posibilidad del sindicato de afectar el terreno a “figuras contractuales onerosas”. Es decir, se pierde el “cargo”: se trata del objeto de la donación, presente en muchos legados, que deriva en un reapoderamiento del Estado si el bien no se destina para lo que fue cedido.

Finalmente, la escribana pública Dechanzi instrumentó la escritura pública en el cual Bertolotti, Vázquez y Periotti, perfeccionaron “la transmisión del bien a título de donación” que permitió luego que los dirigentes sindicales concretaran en junio del 2013 un contrato de permuta con una inmobiliaria, con la cual intercambiaron dicho terreno por dos departamentos con cocheras ubicados en la avenida General López y en la calle 25 de Mayo.  El valor de la operación  de permuta final se fijó en 400.000 dólares. El MPF señaló que dicha acción implicó el incumplimiento  de “la expresa finalidad de bien público por el cual el inmueble se les había sido confiado”.

Asimismo, la Fiscalía subrayó que las acciones de los imputados han implicado un “significativo fraude al erario público nacional”, ya que quedó verificada la irregular salida de  su patrimonio de un valioso bien que había sido adquirido por expropiación, previo pago de un precio indemnizatorio, con destino, en definitiva, a un emprendimiento privado. Y todo ello “a través de distintos actos plagados de irregularidades y de la comisión de otros delitos penales contra la fe pública”.

Con ello a Bertolotti y Vázquez se los acusa por los delitos de fraude en perjuicio de una administración pública, falsificación de documentos públicos, y falsedad ideológica de instrumento público.

Sobre Dechanzi recayó la figura de falsedad ideológica de instrumento público y  fraude en perjuicio de una administración pública. No es el único caso que la involucra, ya que aparece en el caso conocido como “causa Colegio de Escribanos”.

En tanto, a Keumurdji se lo imputa por falsificación  de instrumento público y fraude a una administración pública, y a Periotti se lo señala por este último delito, en calidad de autor.

Negoción

Se trata de una propiedad de 1809,02 metros cuadrados, dos unidades funcionales, un semipiso y oficinas que fueron objeto de un negocio inmobiliario fraudulento. Según detalló el fiscal federal Walter Rodríguez al solicitar las declaraciones indagatorias de los imputados, “Bertolotti y Vázquez pergeñaron un negocio inmobiliario que, según cifras oficiales, rondaría el valor de 400.000 dólares estadounidenses al momento de los hechos, con cuanto menos complicidad de Dechanzi, valiéndose originariamente de la suscripción de una escritura pública de donación en la que se introdujeron circunstancias falsas respecto al contenido del Convenio precedentemente invocado, a los fines de permitir el posterior despojo patrimonial de los terrenos en cuestión”.

Rodríguez explicó que “Bertolotti, Vázquez y Dechanzi progresaron en la defraudación pergeñada, luego perfeccionada a través de la celebración de un contrato de permuta con la firma Benuzzi Inmobiliaria SA, celebrado el 16 de julio de 2013, es decir, menos de cuarenta días después de la inscripción de la escritura de donación en el Registro General de la Propiedad Inmueble”.

Fuente: elciudadanoweb.com