La costosa y extensa crisis catalana ve una salida. El destituido expresidente catalán Carles Puigdemont terminó por aceptar que no será restituido en el cargo, dio un paso al costado en su pretensión personal y nombró como nuevo candidato a una figura de escasa exposición y poco conocida para los catalanes, el diputado Quim Torra.

Se trata de una figura alternativa cuya investidura podría poner fin a la ausencia de gobierno que tiene Cataluña desde meses, en una crisis agravada por la incapacidad de las fuerzas independentistas para ponerse de acuerdo en una figura presidencial viable.

Para el gobierno de Mariano Rajoy, el nuevo giro es lo más parecido a una victoria -costosa- ante el más grave desafío independentista del líder catalán. Para Puigdemont, una prueba difícil si quiere mantener el poder luego de este primer desenlace.

Por lo pronto, hoy mismo se pondrán en marcha las consultas con los grupos políticos catalanes para proponer al nuevo candidato. Se trata de una salida contra reloj ya que, de no haber presidente regional para el próximo 22, se procederá a un nuevo llamado a elecciones. Un juego demasiado riesgoso para los independentistas.

Puigdemont, primero prófugo de la Justicia española y ahora, a pedido de esta, retenido en Berlín por la alemana, cedió su exigencia de ser reinvestido luego de que los tribunales le cerraran la posibilidad de saltarse la ley para completar el trámite por Internet. Sin pisar el territorio español y ejercer el cargo a distancia. Algo contrario a la normativa.

Los dos principales grupos independentistas, Junts per Catalunya (JxCAT) y Esquerra Republicana (ERC), habían intentado sin éxito en cuatro ocasiones nombrar presidente a algún candidato de sus filas, entre ellos, el propio Puigdemont. Pero todos ellos tenían asuntos pendientes con la Justicia.

Al igual que otros líderes independentistas, Puigdemont se encuentra fuera de España desde que, en octubre pasado, lideró un fallido intento por separar el territorio catalán del resto del país.

Aspiración
Procesado por rebelión y sedición, entre otros delitos, aspira ahora a controlar el proceso que se abre con Torrá. «Que quede claro que lo que empezamos ahora es un período de provisionalidad», dijo.

Desde La Moncloa, Rajoy saludó el giro, pero recordó al candidato Torrá que «lo primero es respetar la ley». En una velada advertencia contra los procesos secesionistas de corte unilateral.

Además del fin de una costosa agonía, el desenlace es interpretado como un triunfo político del gobierno nacional, que por la vía constitucional superó el tramo más complejo del peor desafío institucional de la España moderna.

Es también un revés para las aspiraciones de Puigdemont, que solo podía mantener vivas en la medida en que controlara el juego político catalán a distancia. Algo que ahora comienza a ponerse a prueba.

Cataluña se encuentra intervenida por el gobierno nacional desde octubre pasado, tras el fallido intento de independencia. Las fuerzas de ese perfil lograron mayoría en las elecciones regionales de diciembre pasado. Pero desde entonces fueron incapaces de acordar una investidura viable.

Bajo la declaración de que se trata de algo «provisional», el paso al costado de Puigdemont abre una nueva etapa y lo desplaza, por el momento, del centro de la escena. Aunque sabe que su supervivencia política depende de conservar algo de poder.