Con la lectura termina un proceso inédito contra 25 personas. Todo parece indicar que habrá condenas al núcleo duro y algunas absoluciones.
Llegó la hora del veredicto en el juicio a Los Monos. Los jueces Ismael Manfrín, María Isabel Mas Varela y Marisol Usandizaga definirán hoy a las 11 cómo se inclina la balanza tras el histórico juicio a 25 acusados de integrar una banda de civiles y policías liderada por la familia Cantero de barrio Las Flores. En la sala donde por cuatro meses la atención se centró en el ping pong entre fiscales y defensas, esta mañana el foco estará en el tribunal que moderó el debate. Lo que resuelvan no sólo decidirá la suerte de los acusados sino que tendrá inevitables implicancias políticas, dado el derrotero de esta causa nacida en 2013 cuando las venganzas por el crimen de Claudio «Pájaro» Cantero regaban la ciudad de sangre y plomo.
La cita para la lectura de la parte resolutiva del fallo —que promete ser extenso— es a las 11 en el segundo piso del Centro de Justicia Penal. Es el flamante edificio donde se desarrolló el juicio desde su demorado arranque, el 20 de noviembre pasado, hasta la última jornada del 27 de marzo último. Lo que se dará a conocer hoy es la parte final del escrito, donde los jueces responderán si aceptan o rechazan planteos de nulidad y si condenan o absuelven a los imputados. Los fundamentos se conocerán más adelante.
Cinco años después del origen de la causa, el veredicto llega en un contexto en absoluto distante. La agenda policial rosarina de los últimos días sigue conectada a las mismas tramas debatidas en el juicio. Hace una semana la Justicia federal elevó a juicio la causa Los Patrones, con 32 acusados de participar del narcotráfico en una empresa criminal liderada por sindicados como primeras líneas de Los Monos. Esa investigación de 2014 le atribuyó a Ariel «Guille» Cantero, su ladero Emanuel Chamorro y a sus esposas controlar el negocio desde la cárcel de Piñero.
Paralelamente, un fiscal federal santafesino dirigió, el jueves, un operativo en el que fueron detenidos por narcotráfico un policía y dos gendarmes junto a un hijastro del mánager de boxeo Luis Paz. El padre de Martín «Fantasma Paz, cuyo crimen inició la investigación provincial contra Los Monos, declaró como testigo en el juicio que hoy termina y además estuvo sospechado de instigar en 2013 el crimen de Pájaro.
Esta mañana los acusados de integrar Los Monos —algunos presos, otros en libertad— se ubicarán en sus asientos asignados en la sala. Se espera para hoy un aluvión de periodistas como el del primer día. A lo largo de 43 audiencias se discutieron las responsabilidades de 25 acusados, 12 civiles y 13 uniformados. Más de un centenar de testigos, un celoso operativo de seguridad y jornadas que superaron 12 horas fueron las marcas de un juicio único en la historia de la provincia.
Fue oral y público a pedido de los mismos acusados, aunque se ventiló allí una investigación iniciada cuando regía el sistema escrito. Una causa que, a partir de una misma prueba, pasó por las manos de catorce magistrados penales en distintas instancias. En noviembre se discutió la existencia de una asociación ilícita que al menos funcionó desde abril a junio de 2013, tramo captado por escuchas ordenadas por el juez Juan Carlos Vienna. En febrero y marzo se debatieron cinco homicidios atribuidos a los principales detenidos. Los fiscales pidieron altas penas de prisión (ver aparte).
El elemento decisivo
Las escuchas son un aspecto clave. En el valor que les asigne el tribunal está una de las llaves que volcará en el veredicto en un sentido o en otro. Es que el peso de ese material entre las pruebas es decisivo. Por eso también fueron blanco del principal ataque de las defensas, que las consideran nulas. Si los jueces las convalidan, sin duda se decantarán condenas. Al menos contra los más comprometidos.
Otro aspecto central es cómo se plantarán los magistrados ante el planteo madre de las defensas, encabezadas por Fausto Yrure, Carlos Edwards, Carlos Varela y Adrián Martínez en representación de los procesados como jefes Ariel «Guille» Cantero y Ramón «Monchi» Machuca y sus allegados más directos. Los abogados atacaron a la causa desde su raíz. Plantearon que la pesquisa tuvo un origen espurio por presuntos vínculos entre el juez Vienna y Luis Paz, el padre del Fantasma, asesinado en septiembre de 2012.
Paz hijo era cuñado del Pájaro Cantero, quien fuera ejecutado a tiros ocho meses más tarde frente a un boliche de Villa Gobernador Gálvez. Tirando del hilo en la pesquisa de aquel crimen con sello mafioso en la esquina de Entre Ríos y 27 de Febrero, los investigadores ubicaron sus sospechas en la familia Cantero. El juez ordenó escuchas a fines de abril de 2013. Y esas escuchas captaron, entre otros delitos, la desesperación del grupo por vengar la muerte de Pájaro ocurrida un mes más tarde.
Los defensores dicen que las intervenciones no son válidas porque el juez no fue imparcial, dada su amistad con Paz, y porque el gobierno de Antonio Bonfatti reclamaba un golpe de efecto contra el crimen organizado que, según ellos, se llevó puestos a Los Monos erigidos como enemigo público. Los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Luis Schiappa Pietra se plantan en que las mismas escuchas ya fueron avaladas por camaristas como Rubén Jukic y remarcan que las apoyaron otros once acusados que aceptaron penas en un acuerdo abreviado de 2015.
De ese ovillo salen las principales tensiones sobre las que el tribunal no puede evitar aludir en el fallo: la alegada parcialidad del juzgador, la validez de las escuchas, las conclusiones de dos peritos de acústica forense, los planteos de nulidad, la cuestionada actuación de la brigada policial que encabezó la pesquisa y su motivación. Esto es, deberán definir si para ellos tuvo fundamento investigar a Los Monos a partir del crimen del Fantasma Paz.
Las valoraciones sobre violencia, uso de armas de fuego y bienes económicos atribuidos al clan también serán vertebrales en el fallo. Así como el valor que le asignen a testigos clave de la fiscalía que sugestivamente se dieron vuelta al exponer en el juicio oral. Todo parece indicar, al menos así lo sostienen por lo bajo algunas fuentes del caso, que habrá condenas para el núcleo duro. Y que también se contarán absoluciones entre algunos de los 13 empleados de fuerzas de seguridad acusados de colaborar con el clan y con la prueba más floja.
El único que conoce su suerte de antemano es el policía Cristian Floiger, ex subjefe en la Dirección de Drogas zona sur, para quien los fiscales retiraron la acusación.
Nadie desconoce las implicancias políticas de un fallo contra una banda sindicada como narcocriminal de la que se habla en la ciudad desde hace veinte años. Sin embargo, es de esperar que el escrito de los jueces intente prescindir de ese contexto para centrarse en una más técnica y estricta valoración de las pruebas.
Un antecedente que ningún actor del proceso pierde de vista es que dos integrantes del tribunal, Manfrín y Usandizaga, no dudaron en dictar absoluciones cuando la salida más sencilla y esperada era la contraria respecto del clan Bassi, acusado de matar al Pájaro, en marzo del año pasado. Lo más probable es que impere un análisis caso por caso: ¿Qué evidencia pesa en contra de cada acusado? ¿Qué elementos en su favor? Según la ecuación que resulte, habrá condenados o absueltos. Hoy a las 11 se sabrá.
De 3 a 41 años, el rango de penas pedidas por los fiscales
La pena más alta solicitada por los fiscales es de 41 años para el sindicado jefe Ramón «Monchi» Machuca, acusado además como instigador de cuatro muertes. Le sigue su hermano de crianza Ariel «Guille» Cantero, con un pedido de 24 años como jefe y autor de un crimen. Para el padre, Ariel «Viejo» Cantero, pidieron 10 años como jefe.
Emanuel Chamorro y Leandro Vilches, laderos de «Guille», afrontan pedidos de 10 y 14 años de prisión; Andrés «Gitano» Fernández 14 años como partícipe de homicidio y Mariano Salomón 6 años y medio como encubridor en otro. En calidad de testaferros reclamaron 6 años para Lorena Verdún, Silvana Gorosito, Agustín Ruiz, Francisco Lapiana y la misma pena para Walter Jure como miembro.
El rango de penas reclamado es variable entre 12 empleados de fuerzas de seguridad acusados de colaborar con la banda, para quienes pidieron desde 3 años y 3 meses hasta 9 años de prisión.
