Las fichas se movieron mucho más rápido de lo esperado y Luiz Inacio Lula da Silva, favorito para las elecciones de octubre y una de las figuras políticas más populares de América Latina en las últimas décadas, sería encarcelado en las próximas horas como desenlace de un histórico proceso judicial que ha sacudido a Brasil.

Luego de que anteanoche la Corte Suprema rechazó conceder al expresidente un habeas corpus preventivo que hubiera evitado su prisión, el juez federal Sergio Moro le ordenó hoy que se entregara y le dio plazo hasta las 17 de hoy para presentarse ante la policía en Curitiba a cumplir su pena de 12 años y un mes por corrupción.

Esta noche, Lula salió a un balcón de la sede del sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo, donde un grupo de seguidores se congregó para apoyarlo.

El ultimátum de Moro, a cargo de la mayoría de las causas de la operación Lava Jato y autor del fallo de primera instancia que el año pasado condenó a Lula, se hizo posible después de que la Corte de Apelaciones en Porto Alegre que en enero ratificó la sentencia contra el exmandatario expidió por la tarde un oficio al juez para autorizarlo a la detención del reo.

Desazón y festejos en Brasil tras luz verde al arresto de Lula 1:24
Tanto el Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4) como Moro entendieron que posibles recursos de la defensa de Lula a esa Corte de segunda instancia no tendrían la capacidad de alterar la causa ya juzgada y solo dilatarían el cumplimiento de la pena.

Bocinazos de júbilo y gritos de «¡justicia!, ¡justicia!» se escucharon en varias ciudades del país cuando los medios de comunicación informaron la noticia.

Las decisiones judiciales del TRF-4 y de Moro tomaron por sorpresa a la dirigencia petista, que por la mañana había realizado una reunión de emergencia en San Pablo y al final de la tarde convocó a una «movilización general» contra la detención de su líder.

En el marco de la operación Lava Jato, Lula fue condenado por recibir de la constructora OAS un departamento tríplex en el litoral paulista como soborno en especie para favorecer a la empresa con contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010).

El expresidente siempre clamó por su inocencia y denunció que el juicio es parte de una persecución política para asegurar que no compita en los comicios de octubre. Según las encuestas, Lula encabeza las intenciones de voto con un 37% de las preferencias.

En su orden de prisión, el juez Moro resaltó que «en atención a la dignidad del cargo que ocupó» Lula, le concedía la oportunidad de presentarse por su voluntad a la Policía Federal en Curitiba dentro de las 24 horas de expedido el despacho.

Dictaminó que «bajo ninguna hipótesis» los agentes policiales deberán esposar al expresidente y subrayó que fue reservada una sala especial en la Superintendencia de la Policía Federal para albergarlo; estará separado de los demás presos para que no corra riesgo su integridad moral o física.

El exmandatario recibió las novedades en el Instituto Lula, en San Pablo, y de inmediato se trasladó hacia el sindicato de metalúrgicos en la vecina São Bernardo do Campo, donde se inicio su carrera como líder obrero en la década del 60.

Visiblemente abatido, al caer la noche se reunió allí con otros líderes petistas, entre ellos la presidenta del partido, la senadora Gleisi Hoffmann, la destituida exmandataria Dilma Rousseff, así como con numerosos legisladores que se acercaron a expresarle su solidaridad mientras se discutían los próximos pasos a dar. Afuera, poco más de mil de militantes petistas con banderas rojas y simpatizantes rodearon el edificio y entonaron vivas en su nombre además de insultos al juez Moro.

En la reunión que Lula había mantenido por la mañana con la dirigencia petista y sus colaboradores, se diseñó un plan de acción de tres puntos que tenía como escenario recién una orden de prisión la próxima semana. Se decidió que se montaría una vigilia permanente frente al sindicato, que se organizarían actos en todos los estados del país para repudiar como injusto el proceso judicial contra Lula, y se buscaría presionar legalmente al Supremo Tribunal Federal (STF) para que juzgue cuanto antes unos pedidos de «acciones directas de constitucionalidad» que podrían revertir el actual entendimiento de la Corte sobre el cumplimiento de las penas de prisión tras condenas en segunda instancia.

Al revelar los planes a la prensa, la presidenta del PT ratificó que el partido registraría la candidatura de Lula a las elecciones de octubre aunque quede preso. «Lula continúa siendo nuestro candidato porque es inocente y por eso es el candidato favorito para convertirse en el próximo presidente de Brasil. Consideramos que de concretarse su detención la consideraremos una prisión política. Sería una prisión que expondría Brasil al mundo, nos volveremos una república bananera», advirtió Gleisi Hoffmann.

Sin embargo, la legislación electoral -Ley de Ficha Limpia- no permite que una persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado sea candidato a un cargo electivo. En teoría, el Tribunal Superior Electoral (TSE) debería inhabilitar la candidatura de Lula en agosto, cuando los partidos tendrían que registrar a sus aspirantes al Palacio del Planalto.