Podrán votar sólo para la categoría de Presidente en las mesas que tengan asignadas custodiar el próximo domingo. Más de 52 mil efectivos, que antes no podían hacerlo, podrán emitir su voto en las PASO.

Relegado en todos los sondeos de intención de voto, el gobierno de Mauricio Macri busca sumar voluntades de donde sea y ahora puso en marcha el «Voto Comando». Se trata de un sistema ideado para que los integrantes de las fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas que participen del operativo de seguridad del próximo domingo puedan votar en los lugares en los se encuentren asignados.

Los efectivos (unos 40 mil miembros de las Fuerzas Armadas y unos 12 mil efectivos policiales) podrán sufragar solo para la categoría de Presidente.

Hasta el momento, los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Federales y Fuerzas Provinciales no podían votar si eran designados los días de la elección en lugares lejanos al domicilio que figura en sus DNI.

El Gobierno, el Comando General Electoral, los ministerios de Seguridad, Interior y Defensa, la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino revisaron y sugirieron cambios a la reglamentación vigente. Con la modificación de la Acordada 79/2015 se habilitó la incorporación al padrón complementario pre impreso del personal subordinado al Comando General Electoral «para las categorías electivas que consideran al territorio nacional como distrito único».

Sólo podrá votar el personal de seguridad previamente convocado y por ello agregado en el padrón pre impreso de la mesa. El agente deberá presentarse con su DNI y el presidente de mesa deberá recordarle al funcionario que sólo vota por la categoría a Presidente (distrito único en todo el país). La autoridad de mesa le entregará el troquel correspondiente al cumplimiento de su obligación cívica.

La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso que antes de fin de año las compañías emisoras de tarjetas de crédito y débito empiecen a llevar un registro de los movimientos de sus clientes y que guarden la información por 10 años.

El objetivo es prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, explicó el periodista Carlos Lamiral en ámbito.com, por lo que las emisoras de tarjetas deberán recopilar datos desde el estimado de ingresos y el patrimonio de sus clientes hasta cuál es el área donde realizaron transacciones.

Otros datos a guardar serán residencia, nacionalidad, consumos, transacciones realizadas, actividad del cliente, si es persona jurídica o física y el medio de pago que use. Antes de comenzar la relación comercial se hará una evaluación de antecedentes y y se revisará su comportamiento al inicio y durante la misma.

Ni la SUBE ni las tarjetas de fidelización de clientes (como las que emiten los supermercados) quedaron afectadas por la nueva reglamentación.

Las empresas emisoras son consideradas por la nueva reglamentación como Sujetos Obligados de brindar información.

En lo relacionado con su propia actividad, las compañías deberán hacer evaluaciones de riesgo respecto de los productos que elaboren sobre todo cuando empleen nuevas tecnologías o cuando efectúen cambios en los productos que ya tienen en oferta.

Por otro lado, deberán hacer evaluaciones de riego de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo en relación a los canales de distribución y ventas, como por ejemplo, la operatoria por internet, distribución a través de dispositivos móviles y la operatividad remota, entre otros.

Los obligados también tendrán que tener en cuenta la zona geográfica a los fines de evaluación del riesgo por ejemplo, tomando en cuenta sus índices de criminalidad, características económico-financieras y sociodemográficas y las disposiciones y guías que autoridades competentes o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitan con respecto a dichas jurisdicciones.

Las firmas deberán conservar los documentos de las operaciones realizadas por sus clientes durante un plazo no inferior a 10 años, contados desde la fecha de la operación de manera digital y protegida contra accesos no autorizados.

Asimismo, las empresas deberán hacer un reporte anual sobre el consolidado de las operaciones que hicieron a lo largo del año.

Por otro lado, la medida prevé que el cliente autorice a una empresa emisora de tarjetas a compartir su información con otras empresas obligadas a guardar control sobre lavado de activos o financiamiento el terrorismo, como pueden ser los bancos.