En el marco del Paro Nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que registra un alto nivel de adhesión en todo el país, comenzaron este martes las primeras protestas en los aeropuertos de Bariloche, en Río Negro, y El Calafate, en Santa Cruz.
La medida de fuerza tiene como eje central el reclamo por la inmediata reapertura de las paritarias de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los salarios estatales, deteriorado en los últimos dos años.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ATE concentrará a partir de las 11 en la zona de Costa Salguero, sobre la avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Además, el sindicato brindará una conferencia de prensa desde las 12 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se espera la presencia de dirigentes nacionales para fijar la posición del gremio frente a la política salarial del Gobierno.
La jornada de protesta se extenderá también a otros organismos estratégicos del Estado. Desde las 10 de la mañana se realizarán manifestaciones en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en distintos entes de ciencia y tecnología, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En este último organismo, la protesta estará dirigida contra el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la eliminación de más de 900 funciones consideradas vitales por los trabajadores.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el contexto social comienza a respaldar los reclamos del sector. “Tenemos que aprovechar este momento porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sino que se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad”, afirmó el dirigente.
En un tono crítico hacia el Ejecutivo, Aguiar cuestionó la agenda presidencial en medio del conflicto. “Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones de Milei. Se terminó”, expresó. Además, advirtió que, de no haber respuestas, el conflicto podría profundizarse: “Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad”.
Durante la medida de fuerza, solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.
También se ven afectados numerosos servicios, entre ellos la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, brigadas de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares.
Según se informó, únicamente se asegurarán vuelos sanitarios y de Estado, mientras que organismos como PAMI y ANSES atenderán exclusivamente emergencias.
La medida fue resuelta en la reunión del Consejo Directivo Nacional de ATE realizada el 9 de abril, con la participación de los 24 secretarios generales provinciales. El gremio anticipó que las protestas se multiplicarán en los distintos organismos estatales mediante asambleas, radios abiertas y ruidazos, entre otras modalidades.
ATE recordó que el período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que abarca de junio de 2025 a mayo de 2026, cerró con aumentos salariales acordados por el Gobierno nacional con la firma de UPCN que ya se ubican 5,4 puntos por debajo de la inflación, a la espera de conocer el índice de los últimos dos meses. De este modo, los trabajadores estatales acumulan una pérdida superior al 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.
En ese contexto, un estudio elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran más de 140 organizaciones gremiales de distintas centrales obreras, estimó que cada trabajador perdió en promedio 11.917.049 pesos en el sector público y 2.274.545 pesos en el sector privado en los últimos dos años. Según el informe, la pérdida total de los asalariados asciende a 58 billones de pesos durante el actual gobierno.
Finalmente, desde ATE adelantaron que el sindicato evaluará un nuevo plan de acción frente a eventuales intentos del Ejecutivo de profundizar el ajuste, desfinanciar áreas del Estado, avanzar en el desguace de organismos y promover despidos en los distintos niveles de la administración pública.
Fuente: NA
