Los máximos referentes de la política carcelaria santafesina explicaron hoy a los diputados de la comisión de seguridad de diputados, los hechos que derivaron en la fuga de 8 internos de la penitenciaria de Piñero. 

Este lunes, los diputados que conforman las comisiones de Seguridad y Derechos y Garantías, presididas por Juan Cruz Cándido y Lionella Cattalini, mantuvieron un encuentro de más de tres horas con los responsables del Servicio Penitenciario, Walter Gálvez y Jorge Bortolozzi, a partir de la fuga de ocho presos de la cárcel de Piñero el pasado 27 de junio.

En la reunión, legisladores y legisladoras de distintos espacios formularon preguntas sobre el episodio y también en relación al funcionamiento en general del sistema carcelario.

«Las respuestas y explicaciones sobre las fugas de Piñero y las medidas de seguridad en las cárceles resultaron insuficientes. Los funcionarios reconocieron la falta de inversión y la subejecución del presupuesto  y dejaron muchas dudas respecto a los tiempos para concretar las mejoras imprescindibles para reforzar la seguridad», resumieron Candido y Cattalini al finalizar el encuentro.

Con respecto a los pormenores de la evasión, el titular de la comisión de Seguridad reveló que los funcionarios «no brindaron demasiadas explicaciones» respecto de cómo se sucedió pero sí dieron a conocer que “los agentes penitenciarios dispararon 99 tiros para repeler a las personas que estaban ingresando” y agregó que “no se sabe – por lo menos no nos pudieron informar – cuántos tiros dispararon los atacantes y tampoco tuvimos en claro en qué momento arrancó el ataque si desde afuera o desde adentro”.

Por su parte, Cattalini calificó como «insuficientes» las respuestas de los funcionarios  «No recibimos explicaciones en temas claves, y notamos la falta de gestión y demoras especialmente en la inversión en equipamientos carcelario, cámaras y sistemas de videovigilancia. Cuando les consultamos por qué en el año 2020 solamente habían ejecutado el 39 por ciento del presupuesto destinado para tal fin, refirieron que durante todo el año pasado el Servicio Penitenciario estuvo en su totalidad abocado a la pandemia y reconocieron que los primeros expedientes tanto de compras como de arreglo de cámaras se iniciaron en octubre de 2020, y luego en  abril de este año», sostuvo la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías.

Otro de los puntos que más llamó la atención a los legisladores y legisladoras es que de las 128 cámaras de seguridad que funcionaban en el penal a diciembre de 2019, en el momento de la fuga había menos de 100 en servicio.

Respecto de cómo eran considerados los evadidos, Cándido detalló que “Mansilla y Cándia eran detenidos de alto perfil pero no estaban alojados en los espacios correspondientes, Mansilla era considerado de alto perfil por haber participado de un motín, haber herido a un agente penitenciario y sin embargo estaba con el resto de los internos, lo que posibilitó que se haya podido fugar”. En el mismo sentido, los funcionarios reconocieron que “hay detenidos que siendo de alto perfil no están alojados en los espacios constituidos  para este tipo de presos con mayores niveles de control, de seguridad, de restricción de comunicación y de visitas, puestos en funcionamiento en la gestión de Miguel Lifschitz”.

Sobre los planes proyectados, Walter Gálvez informó la apertura de registro de 150 aspirantes a ingresar al Servicio pero de localidades aledañas a Rosario para destinarlos a establecimientos del sur santafesino así como el traslado fuera de la provincia de algunos detenidos de alta peligrosidad y el traslado de otros a dos pabellones con un sistema profesional de control.

Además de Cándido y Cattalini, participaron del encuentro de manera virtual las diputadas Mónica Peralta, Amalia Granata, Claudia Balagué, Lucila de Ponti, y Agustina Donnet, y los diputados Carlos del Frade, Sergio Basile, Pablo Pinotti, y Gabriel Chumpitaz.