Los diputados de distintos bloques de la oposición presentaron el martes el pedido formal para la sesión especial que tendrá lugar este jueves con el objetivo de debatir el proyecto de Emergencia Alimentaria.
El pedido lleva las firmas de Felipe Solá, Carla Pitiot, Agustín Rossi, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo, Victoria Donda, Pablo Kosiner, Alejandra Rodenas, José Luis Ramón, Andrés Vallone, Jorge Franco, Juan José Bahillo, Omar Félix, Ivana Bianchi y Lucila de Ponti.
Sin embargo, no avalaron con sus firmas el bloque de Consenso Federal, que encabeza Graciela Camaño, ni los diputados del FIT. Consenso Federal iría al recinto con el proyecto propio, que impulsó su candidato presidencial, Roberto Lavagna, mientras el FIT reclama la incorporación de otras medidas, como la prohibición de despidos y suspensiones, así como aumento a los jubilados y pensionados.
Qué propone el proyecto
Entre otras cosas, la iniciativa propone la prórroga de la emergencia hasta el 21 de diciembre de 2022, el aumento del 50% de las partidas alimentarias y la actualización de esos fondos cada 3 meses.
«Concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria al derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina, según lo establece la Ley 25.724 que crea el Programa de Alimentación y Nutrición Nacional», sostiene el artículo 2° de este proyecto.
La ley citada está destinada “a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza”, con orientación a grupos con protección especial: “mujeres, personas en situación de pobreza y con capacidades diferentes”.
La medida es apoyada por organizaciones sociales, sindicatos y sectores de la Iglesia Católica, pero rechazada por el oficialismo, que asegura que el Gobierno ya cumple con muchas de la cosas que plantea la ley.
La Emergencia fue decretada por el Poder Ejecutivo en 2002, por el presidente Eduardo Duhalde.
El texto del proyecto propone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición” y autoriza al Gobierno la reasignación de partidas presupuestarias para cumplir con la ley.
También indica a partir del 1 de enero de 2020 la actualización de dicho rubro cada 3 meses con un mecanismo que tenga en cuenta el Indice de Precios al Consumidor y la variación de la canasta básica de alimentos.
“No es lo mismo comer bien que no comer bien, porque el hambre, la desnutrición y la malnutrición causan daños irreparables que deben ser prevenidos y abordados en forma urgente, estratégica e integral con recursos suficientes de parte del Estado. La alimentación y la nutrición son derechos humanos fundamentales que facilitan el acceso a otros derechos humanos”, se explica en los fundamentos del proyecto.
El pedido de la Iglesia Argentina
El viernes 30 de agosto, la Comisión Episcopal de Pastoral Social solicitó al Gobierno nacional que declare «en forma urgente» la emergencia alimentaria y nutricional, ante el «severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica».
«Si bien el Estado Nacional está asistiendo con mayor ayuda alimentaria, no sería suficiente para paliar las deficiencias de este tiempo, por ello solicitamos se dispongan las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo nuestro país de modo que se puedan cumplir sin demoras metas como las propuestas», indica un comunicado de la comisión que preside el obispo Jorge Lugones.
