Luego de varios meses de conflicto y reclamos por mayores recursos para la educación superior, el Gobierno nacional y las universidades públicas lograron un acuerdo que permitirá actualizar los salarios docentes y no docentes, además de reforzar partidas destinadas al funcionamiento del sistema universitario.
El entendimiento fue alcanzado tras una serie de reuniones entre representantes del Ejecutivo, rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones gremiales del sector. La negociación buscó desactivar nuevas medidas de fuerza y atender parte de los reclamos planteados por las casas de estudio.
Cómo será la recomposición salarial
La propuesta aceptada contempla una actualización salarial total del 24,33%, que se aplicará en dos etapas.
El primer tramo consistirá en un incremento del 21,33% sobre los salarios de mayo, mientras que en octubre se sumará una mejora adicional del 3%, de carácter acumulativo.
Según explicaron desde el sector universitario, la recomposición busca compensar parte del deterioro salarial registrado durante los últimos años y contempla diferencias pendientes correspondientes a 2024 y 2025, además de la evolución inflacionaria acumulada hasta mayo de este año.
Más fondos para becas y hospitales universitarios
Además de la cuestión salarial, el acuerdo incorpora un aumento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo del país.
Otro de los puntos destacados es la asignación de una partida extraordinaria de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios, un reclamo impulsado principalmente por instituciones que cuentan con centros de atención médica y formación profesional.
Asimismo, se prevé una actualización de los fondos destinados al funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales.
El conflicto no está cerrado
Pese al acuerdo alcanzado, las autoridades universitarias aclararon que la discusión de fondo continúa vigente.
Los rectores ratificaron que seguirán impulsando acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que fue vetada por el Gobierno nacional y cuya situación se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
Desde las universidades sostienen que el acuerdo representa un avance importante, aunque consideran necesario garantizar un esquema de financiamiento estable y previsible para el sistema público de educación superior.
La postura de los gremios
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) valoró positivamente el entendimiento alcanzado y destacó que la reapertura de la negociación fue el resultado de una extensa etapa de movilizaciones y reclamos.
No obstante, desde la organización remarcaron que la recuperación salarial aún no está completa y señalaron que continuarán trabajando para recomponer plenamente el poder adquisitivo perdido por los trabajadores universitarios en los últimos años.
De esta manera, aunque el acuerdo permite descomprimir el conflicto inmediato y garantiza una mejora en los ingresos del sector, la discusión sobre el financiamiento de las universidades públicas permanece abierta y seguirá teniendo capítulos tanto en el ámbito político como en el judicial.
