Tal como había anticipado la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, su cartera y el Banco Central (BCRA) acordaron una solución para los más de 80.000 tomadores de créditos hipotecarios UVA que tenían congeladas sus cuotas a agosto pasado por la cual se establecerá un mecanismo de convergencia para que no pasen a pagar un 26% más a partir de febrero.

Según informó el Central, se implementará un esquema de bonificación que distribuirá en un lapso de 12 meses el alza que debía imputarse a partir de febrero. Para garantizar este proceso de convergencia y, en consonancia con el criterio del esfuerzo compartido establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, las entidades financieras aportarán un total de $1411 millones durante el plazo de vigencia del mismo.

La entidad a cargo de Miguel Pesce dijo que, si se considera un crédito con una cuota congelada de $12.000, el incremento previsto implicaría un salto hasta los $15.1000 para febrero de 2020 porque la cotización de la UVA se siguió actualizando (por ejemplo, el 31 de julio de 2019 estaba a $39,20 y ayer a $48,88). En el marco del mecanismo de convergencia, la cuota se incrementará a $12.600 (+ 5%).

En tanto, si se toma en cuenta el crédito máximo al que accedieron los beneficiados por el congelamiento, la cuota debería pasar de los $24.300 en enero a $30.700 en febrero (+ 26%). Con el mecanismo de convergencia, el monto a pagar en febrero será de $25.700 (+6%).

Hacia adelante se presume que las cuotas subirán igual que la UVA y un poco más (aproximadamente un 2% para llegar al 26%) aunque no se informó cómo.

Otro punto que se decidió es que, en caso de que la cuota a pagar supere el 35% de los ingresos familiares acreditados por los deudores, las entidades financieras deberán establecer un esquema que atienda puntualmente esos casos.

Federico González Rouco, exasesor de jefatura de Gabinete de ministros en temas de Vivienda, criticó este punto porque dijo que es casi imposible definir estas situaciones ya que hay muchos deudores que tienen codeudores, con lo cual no se puede saber en qué porcentaje tienen comprometidos sus ingresos. Además, para certificar todos los casos deberían pedirse informes mes a mes a los bancos y las entidades a sus clientes para ir conociendo cómo evoluciona la situación de los tomadores. En la práctica entonces todo quedaría librado a que lo pida el cliente o no se llevaría a cabo este esquema puntual.

En declaraciones a la prensa la ministra Bielsa había adelantado que para fin de mes el Banco Central iba a realizar una propuesta a los tomadores y que no iba a incorporar a todo el universo de hipotecados porque había distintas situaciones. Además había dicho que el crédito UVA fue «malo» en cuanto a que fue pensado para un escenario de baja de la inflación, que no fue el que sucedió. «No hubo reacción. Era una política que tenía que ver con acercar la posibilidad de vivienda única a sectores que podían pagarla, y en vez de un beneficio se convirtió en un quebranto, una preocupación», afirmó.

De acuerdo con el BCRA el costo del congelamiento -que se financió con fondos del fideicomiso Procrear originalmente diseñado para construir viviendas- ascendió a $690 millones y, en la actualidad, hay un total de 105.000 deudores hipotecarios UVA, de los cuales 95.000 corresponden a préstamos de hasta 120.000 UVAS y para vivienda única.